Guillem López Casasnovas / El Periódico

Guillem López Casasnovas. Catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra y exconsejero del Banco de España
La teoría nos dice: si puedes concertar, no produzcas directamente. Si lo haces, pierdes flexibilidad y la reversión será difícil si la tecnología o la coyuntura cambian
Una comparecencia reciente en el Parlament de Catalunya en comisión, sobre una proposición de ley para ‘internalizar’ -pasar a gestión pública directa- el transporte sanitario (ambulancias), me permite escribir este comentario. Este tipo de comparecencias las tomo como una obligación si sus ‘señorías’ así lo piden; como un deber académico y ciudadano más. Justo es decir, a título gratuito y a expensas de perder una mañana entre el desplazamiento (que no se abona) y el tiempo de espera, y que, si se trata de una sesión conjunta, además de la intervención propia se tienen que respetar las intervenciones del resto, las intervenciones de los escasos parlamentarios asistentes, las preguntas y las respuestas.
En el supuesto que nos ocupa, la justificación del cambio desde la gestión indirecta por concertación a la gestión directa (hecha por empleados públicos), comenté que este cambio se podía argumentar de tres maneras diferentes: desde la vía empírica, de comparar costes y calidad; la de comprobar hasta qué punto se ajusta el cambio a los principios razonables de la teoría de la organización y la gestión pública; y finalmente, claro está, desde el prejuicio ideológico (‘yo sé, yo creo, yo pienso’).
No habiendo ningún estudio empírico que apoye el cambio, mi argumentación siguió la aplicación de los principios de organización y gestión pública, en la opción de mantener el Servicio de Emergencias Médicas como empresa pública y concertar el servicio de ambulancias a la iniciativa privada, o bien convertir todo el dispositivo en gestión directa (nuevo organigrama del SEM, trabajadores convertidos en empleados públicos -se subrogan las plantillas privadas pero no las equipaciones-, y nuevas ambulancias y aparatos asociados y nuevas condiciones de trabajo). La teoría -casi diría el sentido común- nos dice: si puedes concertar, no produzcas directamente. Si lo haces, pierdes flexibilidad; la reversión será difícil si la tecnología o la coyuntura cambian, y la creación de plantillas y el abastecimiento de equipaciones tienen rigideces en la gestión pública suficientemente conocidas.
Dicho esto, la concertación no procedería en casos en que los costes de contratación -de transacción, se dice- sean elevados (el detalle a especificar de las condiciones del servicio bastante complejas, con asimetrías que permiten oportunismos o abusos que pueden acabar en litigios), cuando el mercado proveedor es inestable (no se puede evitar caer en la oferta de un solo proveedor), o cuando se considera que el valor del servicio queda ligado al valor de aquellos ‘inputs’ contratados (a esto lo llamamos especificidad de activos). Así, en un hospital, el ‘catering’, la limpieza de quirófanos o incluso el servicio de laboratorio es mucho más factible concertarlos que los tratamientos oncológicos. Cómo valorar el transporte sanitario con estos referentes es, por lo tanto, la cuestión. No lo es, en mi opinión, la procedencia pública de los recursos utilizados: rastrear el destino del euro público gastado y concretado como justificante de la ‘publificación’ de los ‘inputs’ nos obligaría a nacionalizar, por ejemplo, el sector del medicamento.
Bien es verdad que, en el preámbulo de la proposición de ley, no se observa ninguna otra justificación que la ideológica, con afirmaciones que hablan de corruptelas en la situación actual, mal servicio y afirmaciones gratuitas de que el cambio no tendrá incidencia en el gasto público, cuestión que ya se vería. Bien, como decía -y tal como le dije a la presidenta de la Comisión, parlamentaria de la CUP, cuando hizo un alegado defendiendo que la ideología estaba por encima del razonamiento económico-, me preguntaba, en mi caso, para qué se me había hecho comparecer si todo estaba tan claro y la decisión la tenía tomada. De lo contrario, lo que yo pudiera pensar políticamente sobre el tema no lo haría nunca valer desde la posición de experto para la cual me habían llamado.
Lo que sí que me sorprendió fue la intervención de un sindicalista del sector, que ilustró su comparecencia en favor de ‘publificar’ el transporte con todo tipo de fotografías de desastres del parque de ambulancias: que si una rueda gastada, un vehículo despintado, un medio poco moderno, etc., como pruebas de la baja calidad asistencial, diciendo que este servicio, hecho por ellos cuando fueran empleados públicos, sería mejor. Y, finalmente, más chocante fue la intervención del representante catalán de la denominada ‘marea blanca’. Después de rechazar duramente todo tipo de iniciativa privada en la sanidad con todo tipo de descalificaciones y pregonando las excelencias de la pública, como convenientes para toda la ciudadanía, me entero, y así me lo confirma, que él como funcionario ha tenido posibilidad de elección entre seguro público y privado, y ha elegido el privado (¡cómo la mayoría de funcionarios hacen!). A esto se llama querer para los otros lo que no quieres para ti. Con el comentario final, me ratificó que él criticaba tanto a la privada porque sabía de qué hablaba. Y, aun así, ¡la prefería! En fin.
La comparecencia de Guillem López Casasnovas está disponible aquí:
Comparecencia de Guillem López Casasnovas en el Parlament de Catalunya